La ley de atención al cliente deja fuera a la Seguridad Social o Hacienda, y solo obliga a empresas publicas que traten con clientes como es el caso de Correos o Renfe.

En el proyecto de ley por el que se regulan los servicios de atención al cliente, se obliga a empresas que presten servicios, a atender a sus clientes en un plazo máximo de espera telefónica de tres minutos y a resolver las reclamaciones en un plazo máximo de 15 días. Sin embargo, esta norma, deja fuera de su ámbito de aplicación a la administración pública, y por ello, a organismos como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.

La administración únicamente estará obligada a cumplir con esta norma, cuando actúe en calidad de empresario; es por ello, que entidades como Correos o Renfe, entrarían dentro de esta ley, ya que existe una relación empresa-cliente.

Las empresas que presten servicios de agua, energía, transporte, servicios postales, etc. estarán obligadas a reforzar sus canales de atención al cliente, tanto sus medios técnicos como humanos.