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El cambio de temporales a fijos discontinuos despierta dudas y reticencias entre los expertos

La reforma laboral aprobada en 2021 con el objetivo de reducir la temporalidad en el empleo ha sido ampliamente reconocida como un éxito por muchos expertos. Dos indicadores clave respaldan esta afirmación: las tasas de temporalidad y el porcentaje de contratos fijos sobre el total de contratos. Según los datos recopilados por la Encuesta de Población Activa (EPA), las tasas de empleo temporal han disminuido significativamente, pasando del 27% al 17% en el primer año de vigencia de la reforma. En términos de afiliación, esta tasa se ha reducido aún más, del 26% al 14%. Además, en el último año, la proporción de contratos temporales entre los nuevos contratos mensuales ha disminuido del 90% al aproximadamente 50%.

Sin embargo, es importante considerar la «temporalidad real», que se refiere a los flujos de entrada y salida de trabajadores en el mercado laboral de un trimestre a otro. En este aspecto, los expertos esperaban una reducción de la temporalidad, similar a lo que se observó en los otros dos indicadores mencionados anteriormente, pero los datos muestran un estancamiento en lugar de una disminución.

La rotación entre el desempleo y el empleo es significativamente más alta en España en comparación con la media europea, y aquellos contratados temporalmente por menos de un año, especialmente en grupos de cotización menos cualificados, experimentan esta alta rotación. La utilización generalizada de contratos fijos discontinuos también influye en este aumento de la rotación, ya que los trabajadores no están dados de alta en la Seguridad Social durante los períodos de inactividad.

Antes de la reforma laboral, se observaba que dos de cada tres contratos de corta duración eran renovaciones y, en algunos casos, los trabajadores eran recontratados hasta cuatro veces para el mismo puesto. Aunque la reforma laboral ha regulado esta práctica mediante la introducción de contratos fijos discontinuos, algunos expertos plantean preocupaciones sobre la falta de indemnización al finalizar estos contratos, a diferencia de los trabajadores temporales que tienen derecho a una compensación equivalente a 12 días por año trabajado.

En este contexto, se ha sugerido que los contratos fijos discontinuos podrían tener una opción de «final abierto», lo que permitiría que los trabajadores se den de baja y accedan al desempleo durante largos períodos de inactividad, algo que actualmente no es posible si el trabajador renuncia voluntariamente. Sin embargo, también se advierte sobre el riesgo de que los trabajadores fijos discontinuos experimenten períodos prolongados de inactividad involuntaria, lo que podría reproducir la precariedad y la pobreza laboral asociada con los contratos temporales.

Además, los expertos han señalado que las empresas no están asumiendo los costos asociados con la alta rotación, incluyendo los períodos de inactividad de los trabajadores fijos discontinuos que reciben prestaciones por desempleo, lo que carga exclusivamente sobre las arcas públicas. Ante esta situación, se ha propuesto la implementación de un sistema de «bonus-malus» que premie a las empresas con baja rotación laboral y penalice a los que abusen de esta situación.